Nintendo presentó una demanda legal contra el gobierno federal de Estados Unidos para recuperar los aranceles que pagó sobre hardware importado desde China y Vietnam, después de que la Corte Suprema anulara parte de las amplias tarifas arancelarias impuestas por la administración Trump mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
La decisión de la Corte Suprema, que limitó el alcance de los poderes ejecutivos para imponer aranceles unilateralmente, abrió la puerta para que miles de empresas reclamen devoluciones de aranceles ya pagados. Nintendo es una de las primeras grandes empresas en actuar, pero se espera que muchas otras sigan el mismo camino.
Para Nintendo, los aranceles representaron un costo significativo en los últimos años: la mayor parte de sus consolas Switch y Switch 2 se ensamblan en Asia, y los aranceles del 25-35% que se aplicaron impactaron directamente sus márgenes y, en algunos casos, los precios al consumidor.
La demanda es relevante para el ecosistema tech latinoamericano por varias razones. Muchas de las empresas de hardware y electrónica que venden en la región importan desde EEUU o compiten con productos cuyo precio se ve afectado por la política arancelaria estadounidense. Si Nintendo gana el caso, el precedente legal podría afectar cómo se calculan y cobran aranceles en múltiples industrias.
Además, el caso subraya la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales de hardware ante los vaivenes de la política comercial estadounidense — una lección especialmente relevante para los fabricantes de electrónica en México y Brasil que exportan a EEUU.